Ante la reimplementación de la eufemística política de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), también conocida como el programa “Quédate en México”, y en este informe nombrada como el MPP 2.0, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), American Friends Service Committee-oficina regional de Latinoamérica y El Caribe (AFSC-LAC), el Área de Vinculación e Incidencia de la Universidad Iberoamericana Tijuana, el us Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) y Diálogo Intercultural Mexicano, realizamos un ejercicio de documentación y monitoreo acerca de los impactos en la salud, económicos, familiares, comunitarios y en las condiciones de vida que tuvo para las personas estar bajo este programa, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los gobiernos de Estados Unidos (EEUU) y México.
El objetivo general de este informe es evidenciar las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes inscritas en el MPP 2.0, en particular el derecho al asilo, así como señalar los impactos que provocó para visibilizarlos entre la población migrante y los actores relevantes con capacidad de acción y decisión, con miras a contribuir a la rendición de cuentas, el acceso a la justicia, garantizar medidas de reparación y la no repetición de los hechos.
El MPP es la política que impidió que miles de personas solicitantes de asilo llevaran sus casos en condiciones de seguridad y libertad dentro de eeuu, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, y fue anunciada por el gobierno de dicho país el 20 de diciembre de 2018 (DHS, 2018). Ese mismo día, el gobierno de México declaró, por medio de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aceptar recibir en su territorio a las personas inscritas en el MPP 1.0 (2018), bajo un argumento poco creíble de acción humanitaria, ya que, como se desarrollará en el presente informe, no se implementaron medidas para la atención y garantía de derechos de dicha población. A partir de ese momento, México se volvió copartícipe de esta política y, por lo tanto, responsable de las violaciones a derechos humanos de las personas solicitantes de asilo que recibió en su territorio.
Consulta el informe completo: https://prami.ibero.mx/wp-content/uploads/2023/09/REALIDADES-MPP_25-SEP-23.pdf
