Hace una década, en 2014, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México publicaron el informe Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México, otro destino trágico, en el que evidenciaron la problemática de la criminalización y la judicialización de personas migrantes, como una más de las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país contra esta población. Este primer informe documentó y visibilizó el caso de Ángel Amílcar Colón, una persona hondureña de la comunidad garífuna, detenida y criminalizada en 2009 mientras transitaba por México para ir hacia Estados Unidos. Ángel fue acompañado por el Centro Prodh para acceder a la justicia y alcanzar la libertad y, después de cinco años en prisión, logró regresar con su familia.
En 2017, el Centro Prodh y el Prami, junto con el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, publicaron el informe Criminalización de mujeres migrantes. Análisis de seis casos en la frontera sur, en el que dieron cuenta de la persistencia de la problemática de las personas migrantes injustamente privadas de la libertad en México. En este informe se documentaron seis de los más de 35 casos, de los que se tuvieron conocimiento, de mujeres centroamericanas acusadas de trata de personas y recluidas en el penal de Tapachula, Chiapas. Fue gracias a las mujeres y a su proceso organizativo dentro del penal, que personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tuvieron conocimiento de los casos, se acercaron y las acompañaron hasta lograr su libertad entre 2013 y 2017.
En 2014, año de la publicación del primer informe, Juana Alonzo Santizo —nombrada Juanita en este documento— salió de su casa en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala, orillada por la precariedad económica en que vivía, la misma que enfrentan históricamente los pueblos mayas en la región debido al despojo de su territorio y patrimonio biocultural. Al igual que Ángel Amílcar, y cientos de miles de personas migrantes de la región, buscaba llegar a Estados Unidos para trabajar y tener mejores condiciones de vida para ella y su familia. No obstante, fue detenida por policías ministeriales del estado de Tamaulipas, acusada falsamente de secuestro, por lo que fue privada de la libertad. Juanita pasó siete años en prisión sin una sentencia, durante los que aprendió a hablar un poco de español y a defenderse. Acompañada de su familia a la distancia, logró acercar su caso a diversas instancias nacionales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que lograron su libertad en 2022.
El presente informe nace del acompañamiento que Promotores de la Liberación Migrante (PLM), el Centro Prodh y el Prami realizaron al caso de Juanita, y con los aportes de Data Cívica busca, a través de la historia de vida y testimonio de Juanita, dar cuenta de la manera en que la privación arbitraria de la libertad de personas migrantes en México continúa siendo una práctica constante. La impunidad que prevalece en la mayoría de los casos, las barreras en el acceso a la justicia, así como las múltiples violaciones a derechos humanos de las que las personas migrantes en nuestro país son víctimas, contribuyen a su repetición. Frente a ello, este informe documenta la lucha emprendida por Juanita, su familia, comunidad y las diferentes instancias y organizaciones hasta lograr su libertad. Tiene el objetivo no sólo de recuperar la experiencia de lucha y visibilizarla, sino también generar una pedagogía sobre el proceso organizativo de las personas migrantes y sus familias.
Consulta el Informe completo: https://prami.ibero.mx/wp-content/uploads/2024/05/Informe-Juanita.pdf
