Externamos nuestra preocupación y rechazo a las medidas de restricción de tránsito para actividades no esenciales en las fronteras terrestres de México dadas a conocer el 18 de marzo del año en curso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur del país anunciados en el boletín (144/2021) publicado el día 19 de marzo por el Instituto Nacional de Migración (INM). Medidas que tienen como objetivo detener el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes y con necesidades de protección internacional, y que se dieron a conocer en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a las vacunas contra la COVID-19.

Rechazamos que la respuesta del Estado mexicano a los desplazamientos de personas, familias y NNA con necesidades de protección internacional sea negar el derecho a solicitar refugio, a pesar de que dichos desplazamientos eran previsibles en virtud de la persistente violencia e inseguridad, la  profundización de la crisis económica derivada del impacto de la COVID-19, así como los desastres naturales ocasionados por los huracanes Eta e Iota en la región norte de Centroamérica.

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