Las organizaciones y redes firmantes, que formamos parte de la Misión de Observación en Derechos Humanos en Tapachula en mayo de 2019, expresamos nuestra condena absoluta a la violencia que el Estado mexicano ha ejercido en contra de la población migrante y con necesidades de protección internacional que ingresó a México en caravana el pasado 23 de enero, a través de la acción directa e indiscriminada de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM), así como la dilación y omisiones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.
- Elementos antimotines de la Guardia Nacional encapsularon a integrantes de la caravana migrante en el municipio de Suchiate, Chiapas, causando lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad.
- Actuación de COMAR, el Grupo Beta del INM y organismos públicos de derechos humanos ha sido lenta y omisa, incluso nula.
- El gobierno mexicano debe reconocer el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región y tratar a las personas necesitadas de protección de acuerdo a sus obligaciones ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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